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Decenas de miles de migrantes esperan desde hace meses en la peligrosa frontera entre México y Estados Unidos que el segundo país evalúe su solicitud de asilo cuando se cumple un año del programa “Remain in México” (Permanecer en México).

El 25 de enero de 2019 entró en vigor el programa “Remain in México”, que permite al Gobierno estadounidense regresar a ciertos solicitantes de asilo a México, con la connivencia de este país que alegó “razones humanitarias” para aceptar la propuesta, que agudiza la tensión en su frontera norte.

La medida se ha ido ampliando a lo largo del año y actualmente son ocho ciudades mexicanas las que reciben a migrantes. Muchas de ellas, con altos índices de violencia: Tijuana, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Matamoros, y más recientemente se ha registrado algún caso en Nogales y Reynosa.

“Para serle honesto aquí tampoco me siento seguro, el día que llegué aquí me atrapó una banda, me tuvieron dos días encerrado en un cuarto y mi familia tuvo que pagar dinero” para liberarme, comentó a Efe el migrante cubano Héctor Henry Fune refugiado en un albergue de la fronteriza Reynosa, en el nororiental estado de Tamaulipas.

Para la hondureña Carmen Vargas, que permanece varada en Matamoros (Tamaulipas) y vive en el puente fronterizo que conecta ambas naciones, la situación es insostenible: “Según ellos (EE.UU.) nos mandan para un albergue, nos mandan que vamos a estar bien pero solo nos vinieron a botar (dejar) ahí, sin un peso, sin nada de ropa y a ver cómo nos arreglamos”.

UNA ESPERA ETERNA

El tiempo pasa muy lento entre los cerca de 60.000 migrantes que han sido obligados a esperar su turno de audiencia del lado mexicano con la incertidumbre de ser o no ser aceptados para radicar legalmente en Estado Unidos.

“Mi hijo ya se desesperó también, él también se me ha enfermado de estar acá, voy a pensar si espero o no porque no hay buenas noticias, porque la gente va y hay quienes han ido a 3 citas y no les han dado una respuesta agradable”, manifestó a Efe con voz entrecortada la migrante hondureña María Rivas.

Acompañada de su hija de seis años de edad, la mujer alerta de una situación “inhumana” y dice vivir de la caridad.

Además de las condiciones precarias que enfrentan los que participan en el programa, también tiene la dificultad de encontrar y costear abogados con sede en Estados Unidos que los representen adecuadamente.

Según manifestó hace unos meses el congresista estadounidense Henry Cuéllar el pasado año, el 88 % de las solicitudes de asilo son rechazas.

Más de mil kilómetros en línea recta, en Ciudad Juárez -otra urbe fronteriza tristemente conocida por la violencia- el panorama sigue siendo desolador cuando se cumple un año del programa “Permanecer en México”.

Yamileth Ramírez viajó hace seis meses desde Honduras hasta Texas (EE.UU.) y todavía sigue esperando en Ciudad Juárez la cita de una corte migratoria que ha de decidir si se le otorga asilo en el anhelado país vecino.

“Yo le digo al presidente de Estados Unidos que por favor nos dé una esperanza. Y no estar esperando aquí sufriendo, aguantando tantos meses en balde. Que nos dé la oportunidad o alguna esperanza para que podamos seguir esperando”, dijo a Efe Martínez.

Los procesos son complicados y la mayoría de los migrantes denuncian un trato injusto por parte de las autoridades estadounidenses, que se suman a una complicada realidad que les obligó a marchar de sus países de origen.

“Yo me vine de Honduras sola, nada más con una amigo. Pagué pollero y fue muy difícil. (…) Ya se imagina usted el proceso que uno pasa. Que nos den la oportunidad a todos los migrantes porque no nos vamos a jugar a Estados Unidos”, señaló a Efe la migrante hondureña Marisela Flores.

EXPERTOS CRITICAN LA MEDIDA

Aunque el Gobierno mexicano firmó a mediados de junio del pasado año un convenio con varias maquiladoras del norte del país para ofrecer hasta 40.000 empleos a migrantes, la realidad en la frontera dista mucho de ser favorable para este colectivo tan vulnerable.

Iván Jiménez, director del albergue Leona Vicario de Ciudad Juárez, que atiende a un centenar de migrantes, calificó el programa “Permanecer en México” oficialmente conocido como “Migration Protection Protocols” (MPP) de “deshumanizante”.

“Hay familias que van a cumplir un año en su proceso de asilo porque asistieron a una cita ante un juez, que te dedica dos minutos, y te da cita para dentro de dos, tres y cuatro meses”, dijo a Efe.

En este sentido, el director ejecutivo de Human Rights Watch en América Latina, José Miguel Vivanco, tachó de situación “completamente anómala” el que un “número importantísimo de personas” -que él elevó a hasta 80.000- estén en la frontera norte.

“Es una zona del país de alto riesgo, de una fuerte presencia de cárteles, donde están operando precisamente las fuerzas de seguridad y donde hay unos grados de inseguridad absolutamente patentes. Creemos que es una política o una práctica que está en contradicción con estándares internacionales en materia de refugio”, concluyó el experto.

Mientras prosigue esta política, en ciudades como Matamoros o Ciudad Juárez, que en estas fechas puede registrar temperaturas cercanas a los 0 grados, viven en condiciones precarias e incluso en la intemperie.

Tal y como han denunciado ONG como Save the Children o Médicos Sin Fronteras. Esta última organización publicó un informe en septiembre pasado que alertaba que el 45 % de los migrantes que atendió en Reynosa y Matamoros habían padecido algún tipo de violencia durante su ruta.